Carta Abierta

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 07 de septiembre de 2012. AL PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO ENRIQUE PEÑA NIETO AL GOBERNADOR ELECTO DE CHIAPAS MANUEL VELASCO COELLO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS A LAS AGRUPACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE PERIODISTAS AL PUEBLO DE CHIAPAS Y DE MÉXICO Para nadie es un secreto que el ejercicio de las libertades democráticas en Chiapas, incluida la libertad de expresión, en uno de los estados del país más azotados por la pobreza y la marginación, se ven amenazadas por la actitud cerrazónica y autoritaria del gobierno estatal que encabeza Juan José Sabines Guerrero. Quienes desde la trinchera del periodismo nos hemos atrevido a fijar una postura crítica respecto a la presente administración, no podemos más que hacer pública nuestra preocupación ante los mensajes que advierten, pronto podríamos enfrentar el peso de la ley, no de la justicia, en una evidente persecución y prefabricación de delitos que ha sido el sello de identidad de este gobierno. Tras la serie de denuncias públicas reproducidas en las páginas del diario Péndulo de Chiapas, los mercenarios de la prensa acrítica y entreguista, se han dado a la tarea de infundir entre la sociedad una serie de agravios y amenazas vedadas en contra de nuestro cuerpo directivo y colaboradores. No tenemos nada qué ocultar y en consecuencia, nada qué temer, pero guardar silencio ante la posibilidad de un acto violatorio de nuestras garantías, es permitir que México profundice su estatus como la segunda nación más peligrosa del mundo y la primera en el continente, para el ejercicio del periodismo, por ello, solicitamos a las instituciones responsables de velar por el pleno respeto de los derechos humanos y de la libertad de expresión, tomen las correspondientes medidas precautorias y emplacen al gobierno de Juan José Sabines Guerrero a presentar un informe puntual sobre nuestro caso. El Poder Ejecutivo Federal publicó el pasado 25 de junio en el Diario Oficial de la Federación los decretos de la reforma a la fracción 21 del artículo 73 constitucional y el que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con las cuales se busca brindar desde el Estado más garantías y protección a los periodistas. El primero garantiza la intervención del Ministerio Público federal en delitos del fuero común contra periodistas o instalaciones de medios de comunicación, y la segunda establece medidas urgentes de protección para reporteros y activistas como evacuación, reubicación temporal; escoltas de cuerpos especializados; protección de inmuebles y cualquier otra que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios. Considerando lo anterior, confiamos en que la integridad de las instituciones estará por encima de cualquier interés político o personal para salvaguardar las garantías de todos quienes laboramos en esta casa editorial. Atentamente: Noé Farrera Morales Péndulo de Chiapas Presidente y director general